El titular de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Ramiro Granado, le envió una nota al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, para pedir por la adhesión de la Provincia a las leyes nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable (26.150) y de Educación Sexual Integral (25.673), y para instar a la creación de una comisión especial para el seguimiento de la instrumentación de esas normativas.

“(Desde este organismo) se pretende lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, donde no permitamos que se vulneren los derechos de ningún ciudadano ni ciudadana de nuestra provincia”, planteo Granado en el escrito.

El pedido se suma al impulso que están dando legisladores de distintas bancadas en pos del tratamiento de esas iniciativas, con el objetivo de que sean incluidas en el orden del día. Hoy, a partir de las 11, los jefes de los bloques políticos y la mesa de autoridades de la Legislatura se reunirán en Labor Parlamentaria, luego del cuarto intermedio resuelto en el encuentro de la semana anterior.

Los asuntos en agenda son al menos cuatro: las leyes de Educación y de Salud Sexual; la reforma de la Junta Electoral Provincial, con miras a los comicios de 2019; la creación del Centro Judicial de Banda del Río Salí; la adhesión a la ley nacional “Justina”; y el pedido al Poder Ejecutivo (PE) para que reglamente el Programa Provincial de Fibromialgia, vigente desde el año pasado pero sin instrumentación formal, según legisladores.

En detalle

El titular del Inadi local recalcó en la nota que la ley nacional de Salud Sexual y Reproductiva, vigente desde 2002 en el ámbito federal, requiere la adhesión de las Provincias. Esta norma apunta al aspecto preventivo desde lo sanitario, con objetivos como “disminuir la morbimortalidad materno-infantil”, “prevenir embarazos no deseados”, “promover la salud sexual de los adolescentes” y “contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual” , entre otros.

La ley de Educación Sexual Integral, en tanto, está vigente en el territorio nacional desde 2006. Granado describió la finalidad de esta normativa. “Busca garantizar el derecho de los y las estudiantes de todo el sistema educativo a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”, consignó. Y detalló: “esta norma prevé la incorporación de la complejidad de la temática en los lineamientos curriculares, llevando este enfoque a los distintos niveles del sistema educativo, mediante pautas y propuestas didácticas de acuerdo a la diversidad sociocultural local”.

El titular el Inadi aconsejó la creación de una comisión de seguimiento para la implementación de esas normas, integrada por legisladores y por representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado con competencia en esas áreas. El objetivo sería una labor conjunta para que esas normas “sean aplicadas de manera efectiva en nuestra provincia”, explicó Granado.